Síntesis del diagnóstico

Una demanda de agua creciente, unida a la reducción de los recursos hídri­cos renovables como consecuencia, entre otras razones, de los efectos del cambio climático y el calentamiento global, provocan un intenso cambio en el paradigma de la gestión del agua, haciendo del problema de la escasez una preocupación global de las organizaciones internacionales y los esta­dos.

La garantía de este recurso vital se ve hoy más amenazada que nunca por fenómenos como el crecimiento demográfico, la mayor demanda para la producción de alimentos y de energía, la menor disponibilidad por los efec­tos adversos del cambio climático, la peor calidad, los conflictos asociados a la lucha por el acceso en las cuencas compartidas o los fenómenos meteo­rológicos extremos como las sequías y las inundaciones.

En la actualidad, el nuevo paradigma verde y circular concibe al agua como un recurso básico para la vida humana, que ha de ser gestionado como un bien económico escaso de creciente valor. Las proyecciones y los estudios realizados por los principales organismos internacionales sugieren que el problema de la escasez de agua, lejos de mitigarse, continuará agravándose en el medio y largo plazo. Se prevé que el porcentaje de población que ha­bitará en zonas donde existe un riesgo de escasez de agua extremo o alto alcanzará el 29% en 2020, porcentaje que supone prácticamente triplicar el valor existente en 2010, cuando se situaba en torno al 10%.

En el caso de la Península Ibérica la insostenibilidad del modelo de gestión actual va en aumento, agravada por los impactos ya apreciables del cambio climático en el ciclo hidrológico y en la funcionalidad de las cuencas medite­rráneas, cuyos caudales sobreexplotados, según los modelos de predicción al uso, disminuirán sensiblemente hasta más del 30% de aquí al 2050.

Hay que tener presente que en las dos cuencas principales de Extremadura la demanda para uso agrícola ejerce un peso determinante sobre el total, cifrándose en más del 90% en la cuenca del Guadiana. A ésta le sigue, en orden de importancia cuantitativa, las demandas correspondientes a abas­tecimiento (5%), los usos medio ambientales (3%), y los usos industriales (2%).

En la cuenca del Tajo la proporción de la demanda agrícola disminuye con­siderablemente al 54%, debido al fuerte consumo de caudal para uso hi­droeléctrico y energético que llega a superar la tercera parte (35%), atri­buible a la central nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de Alcántara II y de Cedillo. La demanda urbana representa un 3% del total y la ambiental un 8%.

Objetivos operativos

Con el objetivo funcional de garantizar una gestión medioambientalmente sostenible de los recursos hídricos extremeños y de fomentar un consumo responsable, son objetivos operativos:

  • Desarrollar un marco regional de acuerdo entre los agentes que inter­vienen en la gestión del agua en Extremadura.
  • Incrementar el bienestar del consumidor, mejorando la calidad del ser­vicio recibido (atención al cliente, reducción de la tasa de averías…).
  • Velar por la defensa de los consumidores y las consumidoras en un sector que requiere un fuerte grado de regulación, por tratarse de un bien esencial para el desarrollo humano.
  • Reducir el volumen de pérdidas de agua donde existe un elevado es­trés hídrico.
  • Disminuir el consumo de energía eléctrica y las emisiones de carbono del sector del agua.

 

Descripción de la propuesta

La garantía de cualquier derecho humano descansa en los principios de uni­versalidad, rendición de cuentas, transparencia y participación, y en particu­lar para el agua y el saneamiento en los criterios de disponibilidad, accesibili­dad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea Gene­ral de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el sanea­miento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Esta resolución alienta a los estados a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. El nuevo modelo de gestión tiene que conciliar las diferentes dimensiones del agua y buscar un equilibrio entre todas ellas, a partir de que el agua es un bien público de primera necesidad, es un bien económico escaso y es un elemento clave en el medioambiente.

En este contexto de revisión del modelo, la Directiva Marco del Agua (DMA) es el instrumento de aplicación obligada en los Estados miembros de la Unión Europea, para convertir la nueva cultura del agua en una política con­creta que debe coordinarse con las demás políticas sectoriales. Además de valorar el agua como recurso, debe considerare como parte indispensable de la vida y del medio ambiente, reconocer su función ecológica y social, y su papel como bien público que debe protegerse y conservarse. En España, el año 2018 es el que se ha fijado para que el Ministerio de Agricultura (MA­PAMA) concluya un Pacto Nacional del Agua que dicte las líneas básicas que seguirá la gestión de este recurso natural. A partir de este pacto nacional, se deberán poner en marcha los mecanismos institucionales y políticos para desarrollar un modelo regional de gestión del agua.

El agua juega un papel fundamental en el modelo de desarrollo sostenible de Extremadura, pues la garantía de este recurso es condición indispensable para el progreso económico, para el desarrollo social y para la conservación de hábitats y ecosistemas. El futuro Pacto Regional debe partir de los cua tro grandes capítulos que tiene abiertos el Pacto Nacional: la atención de déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos, la puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y otra serie de medidas en materia de gobernanza del agua, para desarrollar el marco de acuerdo regional.

El Pacto del Agua en Extremadura deberá concretarse en breve plazo te­niendo presente las contradicciones que se pueden dar con la directiva marco del agua europea, trasladando a la ciudadanía que en Extremadura la escasez es muy grave y debe potenciarse un uso consciente, aclarando el concepto de que el consumo del agua en la producción eléctrica no es un uso consuntivo ya que el agua no se desprecia, potenciando prácticas agrí­colas que incentiven el ahorro y no provoquen la contaminación de aguas y garantizando la depuración de aguas residuales.

Durante el próximo periodo 2020-2030 será importante incorporar el futu­ro Pacto del Agua en el marco de la ESTRATEGIA DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EXTREMADURA 2030 mediante:

  • Una Ley de Aguas que garantice la transposición de la Directiva Marco del Agua de la UE y del Pacto Nacional y otras reformas del marco nor­mativo en materia de aguas.
  • El impulso a la integración de políticas sectoriales como la planificación hidrológica, la política ambiental, la agricultura, el desarrollo rural o la ordenación territorial, con el fin de asegurar una aplicación ambiciosa de la DMA y otras directivas europeas como la de Aves y la de Hábitats.
  • El desarrollo de planes especiales de actuación frente a la sequía en función del Plan de Adaptación al Cambio Climático de los recursos hí­dricos.
  • El acuerdo sobre el fortalecimiento del ciclo natural hidrológico, el man­tenimiento de los caudales ecológicos de las vías fluviales y el estable­cimiento de medidas que permitan gestionar los recursos en materia de infraestructura.
  • La puesta a punto de planes de protección de las infraestructuras fren­te a riadas o exceso de temperaturas, necesarias para mantener una buena red de captación, potabilización, distribución, almacenamiento y depuración.
  • El aumento de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, del con­trol de las captaciones ilegales, así como de la calidad y la puesta en marcha de técnicas de captación y reutilización para reducir la vulnera­bilidad futura de Extremadura, frente al déficit hídrico provocado por el cambio climático.
  • El impulso de la participación ciudadana en la planificación y gestión del agua.

 

Agentes implicados

El Pacto por el Agua deberá dar respuesta a los principales retos de la ges­tión en Extremadura con la máxima participación, diálogo y consenso entre los agentes involucrados, debiendo recoger las propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes.

Se deberá iniciar una ronda abierta de encuentros con las personas usuarias, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de involucrar a todos los sectores y agentes implicados en la gestión o el uso del agua, teniendo en cuenta a las estructuras administrativas claves que soportan la administración del agua, constituidas por las Confederacio­nes Hidrográficas y las Comunidades de Usuarios.

Las primeras, órgano administrativo básico competente en la materia, es­tán representadas en Extremadura por los organismos de las cuencas del Guadiana, Tajo, Guadalquivir y Duero, si bien los dos últimos son mínima­mente representativos en el territorio.

Las segundas, Corporaciones de Derecho Público, son las depositarias de la mayor parte del uso de agua la región, destacando las Comunidades de Regantes, las Mancomunidades de Abastecimiento y Saneamiento y los usuarios hidroeléctricos, con un papel trascendente de gestoras de buena parte de los recursos hídricos.

Algunos ejemplos de actuaciones concretas 2017-2020

  • Elaboración de una Ley de Aguas de Extremadura.
  • Proyecto de mejora de la coordinación de las políticas de gestión del agua.
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